El presidente Javier Milei decretó el inicio del proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada de gestionar la infraestructura y el tránsito de rutas y autopistas en Argentina. Así lo informó la Oficina del Presidente en un comunicado oficial emitido el 14 de febrero de 2025.
Según el documento, el Gobierno sostiene que la gestión estatal de la red vial es deficitaria y deficiente, argumentando que en 2023 costó al país 301 mil millones de pesos. Además, remarcó que el 45% de la red vial argentina está bajo la administración de Corredores Viales S.A., y que un relevamiento oficial determinó que 3.400 kilómetros de rutas no se encuentran en condiciones óptimas para la circulación vehicular.
El Ejecutivo considera que la privatización mejorará la calidad del servicio, ya que las obras necesarias para garantizar el mantenimiento de las autopistas quedarán a cargo de las empresas concesionarias, que podrán cobrar peajes para financiar la inversión.
Un Estado más pequeño y mayor participación privada
Desde el inicio del mandato de Javier Milei, el Gobierno ha impulsado una fuerte política de reducción del tamaño del Estado, promoviendo la participación del sector privado en distintas áreas. En el comunicado, la Casa Rosada enfatizó que el único rol del Estado en este proceso es “facilitar al sector privado la motorización de la infraestructura y la actividad económica del país”.
Privatización y debate
La privatización de Corredores Viales S.A. se enmarca dentro de una serie de reformas impulsadas por la administración de Milei, que incluyen la desregulación de la economía y la venta de empresas estatales. Sin embargo, la medida podría desatar polémica en sectores que defienden el rol del Estado en la infraestructura pública, señalando los riesgos de una gestión privada basada en la rentabilidad y la posibilidad de aumentos en los peajes.
En los próximos meses, el Gobierno deberá definir el proceso de concesión de estas rutas y sus condiciones, en medio de un contexto económico donde la discusión sobre el rol del Estado y la inversión en infraestructura será clave.
