La suba de los alquileres por encima de los ingresos y el traslado de costos a quienes alquilan están empujando a cada vez más rosarinos a buscar ayuda antes de que el conflicto llegue a Tribunales. En la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, el Consejo Asesor de la Vivienda registró en enero un fuerte incremento de consultas vinculadas, principalmente, a dificultades para sostener el pago mensual y a desacuerdos por expensas e impuestos que algunos propietarios pretenden cargar al inquilino.
Según explicó Ariel Dorazio, coordinador del Consejo Asesor de la Vivienda, el organismo recepcionó “más de 150 consultas” en el primer mes del año y la mayoría “tiene que ver con dificultades económicas de aquellas personas que alquilan”. En ese contexto, señaló que ya se observan “problemas de morosidad” asociados a un escenario complejo, con alquileres que “se incrementan por encima del poder adquisitivo del salario” y generan presión sobre la economía de los hogares.
En paralelo, volvieron a crecer los reclamos por cobros que, según Dorazio, algunos dueños intentan trasladar a los inquilinos pese a no corresponderles. “Desde 2024 en adelante se trasladaron muchas de las responsabilidades económicas de propietarios a inquilinos, como son las expensas no habituales o el pago del API en la provincia de Santa Fe”, explicó, y remarcó que ese cambio viene impactando en los contratos y en la capacidad de pago. El resultado, dijo, es una demanda cada vez mayor de asesoramiento para “resolver los contratos anticipadamente por dificultades económicas”.
Otro dato que enciende alertas es el rol de los garantes. Dorazio indicó que, desde el año pasado, se repiten consultas de fiadores que toman conocimiento del atraso del inquilino y buscan intervenir para evitar que el conflicto escale. “Hay consultas de garantes que se enteran de los problemas económicos de los inquilinos… para frenar la situación y que no llegue a la judicialización o un problema mayor”, sostuvo.
El diagnóstico del área municipal apunta a un escenario en el que la combinación de ingresos erosionados, aumentos frecuentes y mayores cargas dentro de los contratos está tensando la relación entre partes. “Estos cambios muchas veces tienen que ver con la presión fiscal dentro de los contratos” tras la modificación del marco normativo, recordó Dorazio, en referencia a la derogación de la ley de alquileres, que dejó de regir “desde el 29 de diciembre de 2023”.
