La crisis de Bioceres SA sumó un nuevo capítulo y esta vez llega desde adentro. Un grupo de accionistas que asegura haber quedado perjudicado por el default de US$ 58 millones —y por la posterior decisión de la empresa de pedir su propia quiebra— busca avanzar con una medida interna para apuntar contra la conducción de la compañía. La discusión se colará en la asamblea ordinaria convocada para el 25 de febrero.
Según anticiparon fuentes vinculadas al reclamo, la iniciativa consiste en promover una “acción social de responsabilidad” contra directivos de la firma, con la mira puesta principalmente en el CEO del grupo, Federico Trucco. También aparece mencionado Manuel Sobrado, quien se desempeñó como director hasta octubre de 2025.
Qué es la “acción social de responsabilidad”
El planteo no implica, en esta instancia, una demanda judicial directa sino un mecanismo previsto en la Ley de Sociedades que habilita a los accionistas a cuestionar decisiones del management que consideran negligentes o dañinas para el patrimonio de la compañía (y, por extensión, para sus tenencias). Si prospera, podría habilitar reclamos indemnizatorios asociados a la insolvencia que, según los críticos, derivó de la conducción económica adoptada.
El corazón del conflicto: el reordenamiento accionario y la empresa “vacía”
La queja central de los accionistas críticos se apoya en el cambio societario dispuesto a mediados del año pasado. Según describen, en ese movimiento se separó a Bioceres SA —la firma original— del resto del holding, se reubicó el rol de “casa matriz” en otra compañía del grupo (Moolec) y Bioceres SA quedó, según su interpretación, sin activos ni negocios, pero con pasivos concentrados.
En otras palabras, el reclamo apunta a que el “corte” societario habría dejado a la sociedad que terminó en default como una estructura con pocas herramientas para responder ante acreedores y accionistas.
La respuesta del grupo: “fue aprobado y no hubo vaciamiento”
Del lado de la empresa, la defensa es tajante: aseguran que el proceso se realizó con aval de asambleas, cumpliendo los pasos formales requeridos, y niegan que haya existido una maniobra de vaciamiento. Además, sostienen que los accionistas originales —en su mayoría productores agropecuarios— tuvieron la posibilidad de canjear acciones de Bioceres SA por títulos de Moolec, lo que, según la postura del grupo, los habría dejado protegidos del default posterior.
Con ese choque de interpretaciones, la asamblea del 25 de febrero aparece como una parada clave: no solo para definir si avanza el reclamo contra los directivos, sino también para medir cuánto respaldo conserva la conducción en medio de una crisis que ya excede lo financiero y se mete de lleno en la disputa por responsabilidades.
