En un contexto de recesión económica y deterioro del poder adquisitivo, el costo de alquilar vuelve a quedar en el centro de la preocupación. Desde la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos advirtieron que los valores de los alquileres siguen creciendo por encima de la inflación y que esa presión ya se traduce en mayores dificultades de pago, más morosidad y un aumento de los pedidos para cortar contratos antes de tiempo.
El subdirector general del organismo, Ariel D’Orazio, sostuvo que la situación se verifica tanto en relevamientos de organizaciones nacionales como en la comparación con los indicadores oficiales del Indec. Según explicó, aunque tras la derogación de la ley de alquileres muchos contratos se actualizan de manera trimestral o cuatrimestral con índices ligados a la inflación, en la práctica las renovaciones terminan cerrándose con aumentos bastante más altos.
“Los alquileres le siguen ganando a la inflación en la Argentina, en un momento recesivo de nuestra economía y que golpea duramente a los inquilinos y las inquilinas”, señaló.
De acuerdo con su análisis, el problema aparece con más fuerza al momento de renovar. Mientras los últimos tres meses pueden mostrar una variación de precios que justificaría subas del 6% o 7%, en muchos casos los nuevos contratos se pactan con incrementos del 15%, 20% o hasta 25%. Esa diferencia, explicó, hace que en términos interanuales el valor locativo supere claramente a la inflación por varios puntos porcentuales.
Para D’Orazio, esa presión se da en un escenario especialmente delicado: una economía en retroceso, familias con ingresos debilitados y una morosidad creciente dentro de los contratos vigentes. A eso se suma, dijo, un marco normativo que trasladó más costos desde los propietarios hacia los inquilinos.
Entre esos cambios, mencionó que en Santa Fe el pago del API quedó muchas veces a cargo del locatario, al igual que en otras provincias ocurre con tributos vinculados a la propiedad. También remarcó que desapareció en la práctica la noción de expensas no habituales, por lo que salvo las extraordinarias —y a veces ni siquiera eso— la mayoría de los gastos terminan siendo absorbidos por quien alquila.
Ese corrimiento de responsabilidades económicas impacta de lleno en el bolsillo de los hogares. Según advirtió el funcionario, hoy el peso del alquiler dentro del ingreso familiar supera ampliamente el 40% o 45%, un nivel que vuelve muy difícil sostener el resto de los gastos corrientes.
En ese marco, crecen los casos de familias que intentan renegociar condiciones o directamente evalúan rescindir antes de tiempo. La combinación de alquileres en alza, salarios rezagados y mayores cargas mensuales está empujando a muchos inquilinos a una situación límite.
Así, el mercado locativo atraviesa una paradoja cada vez más marcada: mientras la economía sigue sin repuntar, alquilar cuesta cada vez más. Y esa tensión, lejos de moderarse, empieza a reflejarse en el aumento de la conflictividad entre propietarios e inquilinos y en la dificultad creciente para sostener un techo bajo condiciones estables.
