La agroexportadora Vicentin anunció este domingo, mediante un comunicado oficial, que solo pagará el 30% de los salarios correspondientes al mes de febrero debido a la complicada situación económica que atraviesa. La empresa justificó esta medida argumentando dificultades financieras que le impiden cumplir con el pago total de los sueldos en término, generando incertidumbre entre sus trabajadores.
Según explicaron desde la cerealera, este depósito parcial será del 30% de los haberes de febrero, con el compromiso de completar el restante 70% a medida que logren ingresar fondos provenientes de la comercialización de sus productos. La empresa atribuye su actual crisis económica principalmente a las demoras en la resolución del concurso de acreedores iniciado en 2020, situación que aún permanece sin resolución definitiva y que ha provocado una profunda erosión en sus finanzas.
Frente a este panorama, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (Ftciodyara) salió a criticar duramente la decisión de la compañía y advirtió sobre la posibilidad de implementar medidas de fuerza que paralizarían la producción en las plantas del sector aceitero a nivel nacional.
La Federación solicitó, además, que la Justicia tome nuevamente cartas en el asunto y disponga una intervención urgente de Vicentin, cuestionando particularmente la gestión actual del directorio. De acuerdo con el sindicato, la crítica situación económica de la agroexportadora se agravó luego del retiro de los interventores judiciales que estuvieron a cargo de la gestión de la empresa durante una parte del concurso iniciado en 2020.
La Ftciodyara responsabilizó directamente a los actuales directivos por la profundización de los problemas financieros y solicitó que se evalúe con urgencia una nueva intervención judicial para garantizar transparencia en el manejo de los fondos de la cerealera.
Por su parte, desde Vicentin sostienen que las complicaciones financieras derivan de la demora en la resolución definitiva del concurso preventivo de acreedores, que arrastra ya más de cuatro años de conflicto legal. La empresa argumenta que esta indefinición judicial provocó una reducción de su liquidez, afectando directamente su capacidad para cumplir en tiempo y forma con los pagos a empleados.
El conflicto podría agravarse en los próximos días si los trabajadores deciden llevar adelante la amenaza de huelga. En caso de concretarse las medidas de fuerza, el Cordón Industrial santafesino, una de las áreas más productivas del país, sufriría una fuerte paralización, lo que tendría un impacto significativo en toda la región.
Por otra parte, la situación judicial de Vicentin sigue sin resolverse desde que la Cámara de Apelaciones rechazó homologar el acuerdo con acreedores, tras una decisión similar adoptada previamente por el juez Lorenzini. La empresa, mientras tanto, insiste en que una eventual negativa definitiva de la Justicia al acuerdo propuesto podría empujarla directamente a la quiebra.
