El funcionario tiene un plazo de 15 días para responder un cuestionario de más de 20 preguntas elaborado a partir de las inconsistencias que los investigadores detectaron en el expediente.
La decisión se tomó luego de que la fiscalía analizara un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que reconstruyó la evolución patrimonial del exfuncionario. Durante la feria judicial, los investigadores cotejaron esa información con las declaraciones juradas presentadas por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, y de ese cruce surgieron diferencias que, según la fiscalía, justificaron el pedido de explicaciones. El requerimiento constituye un nuevo paso en una investigación que ya incorporó documentación financiera, registros de consumos, declaraciones testimoniales e información proporcionada por plataformas de activos digitales. Si las explicaciones que presente Adorni no resultaran suficientes para los investigadores, podría avanzar una eventual citación a declaración indagatoria, decisión que corresponde al juez de la causa, Ariel Lijo.
Entre los elementos incorporados al expediente figuran gastos por más de 400 mil dólares y deudas por unos 335 mil dólares, además de consumos realizados con tarjetas de crédito propias y con otros plásticos que, según la investigación, le habrían sido facilitados por funcionarios y allegados vinculados al área de Comunicación del Gobierno. La fiscalía también tomó declaración a distintos testigos, entre ellos el contratista Matías Tabar, quien realizó trabajos de refacción en la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá; parte de la información considerada relevante por los investigadores habría surgido del análisis del teléfono del contratista. El expediente reúne además comprobantes de compras y gastos vinculados con viajes y adquisiciones de alto valor, entre ellas compras de ropa blanca por unos 8 millones de pesos, una cascada para la pileta de la vivienda y proyectores destinados a videojuegos. Otro capítulo de la pesquisa está relacionado con operaciones en criptomonedas, a partir de información remitida por plataformas como Binance y Lemon Cash, donde Adorni habría tenido cuentas.
Con esos elementos, los investigadores buscan determinar si existe una diferencia injustificada entre el patrimonio declarado y el nivel de gastos y consumos registrado desde que Adorni ingresó a la función pública, en diciembre de 2023. Adorni rechazó públicamente las sospechas y sostuvo que el origen de su patrimonio se encuentra en recursos obtenidos antes de su ingreso al Gobierno: mencionó ahorros previos a asumir cargos públicos, ganancias derivadas de inversiones en Bitcoin realizadas desde 2012 y dinero recibido por herencia. Ahora deberá presentar esas explicaciones formalmente ante la fiscalía y responder el cuestionario elaborado por Pollicita; a partir de esa respuesta, y de la valoración del resto de la prueba reunida, se definirá el próximo paso de la investigación. Por el momento, el requerimiento fiscal no implica una declaración de culpabilidad: se trata de una instancia dentro de la pesquisa destinada a que el exfuncionario explique las inconsistencias patrimoniales que los investigadores aseguran haber detectado.
