En la historia del río Paraná se abre una nueva etapa en la gestión ambiental del Litoral argentino, se logró un acuerdo inédito entre las provincias de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe, en el que se implementarán medidas para proteger la biodiversidad y promover el desarrollo sustentable, estableciendo criterios comunes para la emisión de permisos, el control y la regulación de la actividad pesquera.
Firmada por el gobernador Maximiliano Pullaro y sus pares de las provincias que participaron de la Junta de Gobernadores de la Región Litoral, esta decisión establece la creación de un Sistema de Licencia Única de Pesca Deportiva, la armonización de vedas extendidas, y la unificación de criterios de fiscalización y monitoreo. También se fijarán tallas mínimas unificadas para la captura de peces y se acordará un tamaño estándar para redes de pesca comercial.
Hasta ahora, cada provincia definía de manera independiente estos criterios, lo que generaba contradicciones que dificultaban tanto la protección de las especies que habitan los distintos tramos del Paraná como el desarrollo sostenible de las actividades comerciales vinculadas al río. La decisión firmada en la Junta de Gobernadores de la región Litoral es el resultado de una serie de encuentros previos entre las áreas técnicas de ambiente y desarrollo productivo de las diferentes provincias, realizados en el marco de la Reunión del Comité de Manejo de las Pesquerías (COMAPEL).
“Este paso reafirma que desde el interior del país podemos diseñar una agenda de desarrollo que articule producción y cuidado del ambiente, con políticas de consenso y de largo plazo”, expresó el ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez.
Estos acuerdos buscan garantizar la reproducción y conservación de las especies ícticas del Paraná, proteger su biodiversidad y asegurar que la actividad pesquera -tanto deportiva como comercial- se mantenga dentro de márgenes sustentables. El nuevo sistema también facilita la tarea de los organismos de control, al acercar diferencias normativas que hasta ahora dificultaban una supervisión efectiva.
La implementación se encuentra en desarrollo y representará una respuesta concreta a una deuda histórica con el Paraná. Además de resguardar los ecosistemas fluviales, fortalece la integración territorial y robustece el carácter sostenible del desarrollo de las provincias.
